Mi blogtelera

Mariano Rajoy lleva meses exigiendo al gobierno que se preocupe de lo que realmente interesa a los ciudadanos, pero no ha dudado en hacer perder el tiempo a cuatro millones de personas que han estampado su firma sobre un papel que no sirve absolutamente para nada, y ello porque la recogida de firmas se ha hecho sin la presencia de notarios o fedatarios públicos y, sobre todo, porque las mismas no eran necesarias para que el líder del partido popular plantease su proposición no de ley ante la Cámara baja.

El número de firmas conseguidas no solo no ha alcanzado la cifra esperada por su promotor (cinco millones eran sus expectativas) sino que muchas de las obtenidas han resultado ser falsas. Si a ello añadimos que estos cuatro millones de firmas solo representan el 41% de los votos obtenidos por el partido de la oposición en las elecciones de marzo de 2004, y el 15% del total de votos válidos de dicho proceso electoral, podríamos decir que la iniciativa del PP ha sido un rotundo fracaso y un ejercicio puro y duro de demagogia e irresponsabilidad política que solo ha conseguido más crispación y división entre los ciudadanos españoles.

A pesar de todo, Mariano Rajoy no se rinde y parece dispuesto a seguir tropezando en la misma piedra: aunque todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, han rechazado su proposición no de ley, el líder popular ya ha anunciado que la celebración de dicho referéndum figurará como compromiso en el programa electoral del PP para las generales del 2008: imagino que don Mariano, siempre tan dispuesto a respetar la ley, modificará, para dar cumplimiento a su promesa, la ley orgánica que regula las distintas modalidades de referéndum (necesitará mayoría absoluta del Congreso para ello) y que también planteará una modificación de la propia Constitución.
Quizás sea el momento de recordarle al señor Rajoy que en su momento afirmó que “ni siquiera el Presidente del Gobierno puede convocar un referéndum sin la autorización de estas Cortes; menos puede hacerlo ningún Presidente de Comunidad Autónoma; si alguno la hace, prevarica, es decir, se sitúa fuera de la ley”. A esta afirmación yo añadiría que los referéndums previstos en la Constitución los convoca el Rey, y no el Presidente del Gobierno, y que convocar un referéndum a escala nacional sobre un Estatuto de Autonomía implicaría vulnerar el artículo 152.2 de la Carta Magna, que prevé que “una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes”.

El Estatuto de autonomía de Cataluña ha seguido los procedimientos establecidos para la reforma de las normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas: aprobación en Parlamento autonómico, admisión a trámite en el Congreso, debate en el Congreso y Senado y posteriormente referéndum consultivo de los electores inscritos en los censos correspondientes. Cuando el proyecto estatutario sea aprobado en referéndum existirá como tal, y entonces será el Tribunal Constitucional quien tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad de los preceptos estatutarios reformados. No corresponde al pueblo ni al partido popular declarar o no inconstitucional un proyecto de ley que todavía no existe como ley, sencillamente porque todavía no ha finalizado el procedimiento legislativo establecido en la Constitución.

Durante su tramitación hemos asistido a numerosas modificaciones y el Estatut que hoy se nos presenta no es el mismo que aquél que salió aprobado por el 90% del Parlament catalán. A pesar de las modificaciones sufridas, el Partido Popular se ha mantenido en la misma postura desde el comienzo del procedimiento: sus argumentos no han variado y siguen negando hoy, aunque no estemos ante el mismo texto, lo que negaban ayer. No hay voluntad de diálogo en el partido de la oposición, pero sí mucha demagogia y, sobre todo, mucho disparate popular.