El estatuto de Andalucía ha conseguido la aprobación del Parlamento andaluz y ha pasado la votación en el Congreso para su trámite en la Cortes. A la mayoría parlamentaria, en ambos casos, se ha sumado el partido popular, algo que ya ha levantado ampollas dentro del principal partido de la oposición. Si hace unos meses, el partido liderado por Mariano Rajoy se embarcaba en una campaña contra el estatut catalán, ofreciendo un discurso apocalíptico en el que no faltaron referencias a la balcanización de nuestro país, hoy nos encontramos con un partido popular que vota a favor de la realidad nacional andaluza.

El estatut catalán recoge, en su preámbulo, que Cataluña se “siente” nación (no que lo sea), mientras Andalucía especifica, en su norma institucional básica, que “es” realidad nacional. Esta expresión supuso, en el momento en que se planteó, la gota que colmaba el vaso y una manifestación, según el PP, del descalabro que implicaba la aprobación del estatuto catalán recurrido, recordemos, por dicho partido ante el Tribunal Constitucional: ahora todos quieren lo mismo o más que Cataluña, decían algunos. Pues bien: tras la aprobación del estatut, que recoge un sentir pero no un ser, la celebración del referéndum catalán, y la definición de Andalucía como realidad nacional, España sigue siendo la patria común e indivisible de todos los españoles.

No solo en este punto, referente a la denominación, se parecen ambos textos sino que, además, Andalucía habla de la nueva financiación, de la laicidad o del derecho a una muerte digna en términos muy semejantes a como lo hace Cataluña. ¿Por qué, entonces, esta doble actitud por parte del partido de la oposición? Quizás todo se deba a una cuestión electoral: Cataluña es feudo de los nacionalistas, al igual que el País Vasco, y su discurso choca con la concepción del Partido Popular, que parece no aceptar con agrado la España plural recogida en nuestra Constitución. Puesto que su postura no consigue demasiados votos en estas comunidades, hay que obtenerlos a nivel nacional buscando el voto de aquellos que tampoco ven con buenos ojos la España plural. La confrontación puede resultar beneficiosa, en términos electorales, para aquellos que la provocan, pero no para el conjuntos del Estado español y la convivencia de sus ciudadanos. En Andalucía nos encontramos con la práctica ausencia de nacionalismos y con un hecho evidente: no puede repetirse otro “andaluz, este no es tu referéndum”, que supondría el fin, en esta comunidad, del partido popular como agrupación política con aspiraciones a gobernar algún día. Así que se opta por lo que se ha optado en otras comunidades como Comunitat Valenciana o Illes Balears: el diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Como resultado se obtienen textos consensuados y que recogen, paradójicamente y sin problemas, términos y aspiraciones defendidas originariamente por quien inició los procedimientos de reforma estatutaria: el texto de la crítica y de la polémica se convierte en punto de referencia para los demás, que se aprueban sin mayores complicaciones, sin augurios desmembradores ni recogidas de firmas de por medio.

La conclusión a la que podemos llegar es clara: la reforma de los estatutos de autonomía por parte de las nacionalidades y regiones que componen España solo supone el desarrollo del Estado autonómico recogido en nuestra Constitución y la realidad nacional, por encima de la recogida en el preámbulo estatutario andaluz, solo muestra que un sector político y mediático de la derecha de este país ha sido la verdadera instigadora y protagonista de una ficticia desmembración de España que ni existió ni existe en la actualidad.

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