Mi blogtelera

La recusación del Magistrado del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez Tremps, no solo no tiene precedentes en la historia del Supremo intérprete de la Constitución, sino que resulta del todo incomprensible si no se observa desde el fenómeno de la “politización de la Justicia”.

El partido popular, que se opuso desde el comienzo a la reforma del estatuto catalán, interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la admisión a trámite del proyecto estatutario y un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del texto. Asimismo solicitó la recusación de Pérez Tremps alegando que había realizado un dictamen para el tripartito de Pascual Maragall: lo cierto es que los argumentos esgrimidos por parte del partido popular faltaban a la verdad pues no se trataba de un “dictamen” sino de un “trabajo académico” realizado junto a otras personas y encargado por Jordi Pujol cuando éste todavía era President de la Generalitat en 2003, y ni siquiera existía un borrador del proyecto de reforma estatutaria, un trabajo basado en estudios previos publicados desde 1998 por el propio Pérez Tremps, catedrático de derecho constitucional, quien por aquel entonces ni se imaginaba que llegaría a formar parte del Alto Tribunal.

El recurso de amparo fue rechazado por el Tribunal Constitucional, argumentando que no estábamos ante una ley sino ante un proyecto, el recurso de inconstitucionalidad se admitió a trámite y la recusación fue desestimada por entender que la imparcialidad de Pérez Tremps no estaba en entredicho por el hecho de haber realizado un trabajo académico cuando ni siquiera se había gestado el proyecto estatutario catalán. El partido popular solicitó, nuevamente, la recusación del Magistrado alegando, en esta ocasión, que éste había cobrado por el trabajo académico que le habían encargado. Esa ha sido la razón que ha motivado la nueva decisión del Alto Tribunal. No podemos perder de vista, en todo este asunto, un hecho claro: el proyecto de reforma estatutaria que salió del Parlament catalán y fue recurrido en amparo ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo del procedimiento legislativo, por lo que el texto aprobado en Cataluña no es el mismo que el texto aprobado por las Cortes y votado en referéndum por los ciudadanos catalanes. A pesar de ello, el PP mantuvo una postura inamovible contra el Estatut desde su elaboración hasta su aprobación definitiva.

Si Pérez Tremps no era Magistrado cuando elaboró aquel trabajo académico, si no existía siquiera un proyecto estatutario y la retribución recibida es motivo suficiente para hablar de "parcialidad", ¿debemos dudar de la imparcialidad de unos Magistrados que cobran por dirimir sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas en el Parlamento?; ¿debemos dudar de la imparcialidad de unos Magistrados que son propuestos por los partidos políticos?. La incomprensible decisión lo es todavía más si tenemos en cuenta, por ejemplo, que otro Magistrado del TC, propuesto por el PP, no ha sido recusado por haberse negado, en su momento y explícitamente mediante voto particular, a la admisión a trámite del Estatuto catalán, cobrando lógicamente por realizar su trabajo que consiste en tomar este tipo de decisiones, y hoy podrá decidir, sin que se ponga en duda su "imparcialidad", sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el mismo texto que rechazó en su momento.

A lo incomprensible se une la incoherencia del partido popular al negarse a que Cataluña se sienta nación mientras no tiene ningún problema en aceptar que Andalucía sea una realidad nacional basándose en un manifiesto separatista de 1919, pura retórica para el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Tampoco se entiende que los estatutos catalán y andaluz compartan 28 artículos cuyo texto es casi idéntico, y otros 14 completamente iguales, y que en el primer caso exista un recurso de inconstitucionalidad contra los 42 artículos y en el segundo no. ¿A qué se debe esta incoherencia por parte del principal partido de la oposición?. Si a esto añadimos que el PP llevó a cabo una campaña anti Estatut a nivel nacional, con recogida de firmas incluidas, argumentando una supuesta desmembración de España, a la que parecen haber colaborado con otros textos estatutarios como el balear, el valenciano o el andaluz, solo nos queda preguntarnos si el partido popular tiene algún problema con Cataluña: porque sino no se entienden determinadas actuaciones llevadas a cabo por el principal partido de la oposición.

El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión sin precedentes en su historia, una decisión no exenta de polémica en la que parecen haber influido más los motivos políticos que los fundamentos jurídicos. Es difícil hablar de independencia cuando el Fiscal General del Estado, el órgano de gobierno de los jueces o el Supremo intérprete de nuestra Constitución son elegidos por otros poderes del Estado: el legislativo y/o el ejecutivo. La reforma de los preceptos constitucionales correspondientes y de sus leyes reguladoras debería ser una prioridad para aquellos que defienden la separación de poderes y la independencia de los mismos: algunos perderían sus parcelas de poder pero los ciudadanos ganaríamos en confianza hacia las instituciones y su funcionamiento.